El martes de esta semana, como anunciamos en nuestro anterior post, organizaciones de la sociedad civil que trabajan para y por las personas con discapacidad, se manifestaron frente a la nueva sede del Senado.
A través de una conferencia de prensa, hicieron pública su inconformidad porque “no hubo una consulta estrecha y activa” con ellas para la aprobación de la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se tenía prevista por estos días ya en la Cámara de Senadores, luego de que fue aprobada, por fin, luego de mucho tiempo de espera, en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, tema del que hemos hablado muchísimo en este espacio.
La demanda de las ong’s consiste en la revisión de la minuta en manos del Senado junto con ellas, que se incluyan sus voces y propuestas, ya que, de acuerdo con su versión, el foro realizado en la Cámara de Diputados el año pasado no fue suficiente, y que se dictamine y apruebe en ambas Cámaras en el presente periodo de sesiones legislativas.
A nombre de las ong’s firmantes del boletín de prensa que fue distribuido en el acto, Javier Quijano, presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), señaló que se reconoce el avance que representa la ley como proyecto, pero que aún sigue siendo “una ley incompleta”, dado que “sigue sin reconocer los derechos de las PcD’s, ni establecer mecanismos claros de aplicación ni justiciabilidad de los mismos limitándose a establecer las facultades del Poder Ejecutivo Federal”, además de que las organizaciones de personas con discapacidad “no fueron suficientemente consultadas”, como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Sin embargo, las organizaciones firmantes, representadas en esta conferencia, también por José Luis Galeana y Olga Montúfar, de Paso a Paso; Enrique Garrido, de APAC, y Ángel Valencia de Disability Rights, también reconocen aspectos positivos en la nueva ley, como “la naturaleza jurídica y atribuciones del nuevo Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, aunque les preocupa la forma en que se integraría la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva de dicho Consejo, ya que no consideran que la representación de las personas con discapacidad sea paritaria con la de las autoridades.
“El proyecto de la nueva ley carece de criterios de selección que garanticen la independencia de las organizaciones frente a las autoridades que las designarían como miembros de dichos órganos”, y, afirman, “se debe revisar su mecanismo de funcionamiento a nivel nacional”.
También destacaron el hecho de que se “alienta” en esta nueva Ley, la creación de centros asistenciales permanentes y “continúa sin prohibirse la institucionalización permanente de niños y personas con discapacidad en hospitales psiquiátricos”.
* Este es un fragmento de mi post publicado en Mundo D el pasado viernes, dentro de El Universal, si quieres leer el texto completo solo tienes que ingresar a:
http://blogs.eluniversal.com.mx/camposeliseos/
Katia D'Artigues / Infoinclusión
katia@infoinclusion.com
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